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El Ayuntamiento de Oviedo toma medidas contra el mobbing inmobiliario

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Oviedo, Alberto Mortera, sostiene que el equipo de gobierno ha emprendido las actuaciones necesarias encaminadas a suprimir todos los posibles casos de mobbing inmobiliario que pudieran producirse en el municipio.

Los vecinos de los inmuebles 3, 5 y 7 de El Villar y el número 38 de la Avenida del Mar tuvieron que recurrir a la movilización en la calle, hace un año y medio, como medida de presión para evitar el desalojo de sus viviendas.

Alberto Mortera también descarta que en el caso del vecino Froilán Sánchez, que lleva más de 35 años residiendo en un inmueble de la calle José Requejo número 3 en La Corredoria, cuyas ventanas aparecieron tapiadas, sea un caso de mobbing inmobiliario. “Ese inmueble pertenece al ayuntamiento y se va a derribar para construir el edificio del Instituto de Medicina Legal, pero aunque hay enseres que son de su propiedad, ese vecino no tiene su vivienda ahí”, comenta.

La concejal del Grupo Municipal Socialista denunció el caso de otros tres pisos deshabitados en La Corredoria donde, según su relato, se ha detectado la presencia de drogadictos, sin que el equipo de gobierno haya adoptado medidas correctoras. “Hay una dejadez municipal absoluta en estos temas”, censura Dolores Fernández Losas.

Fuente: lavozdeasturias.es

En youtube podemos ver un supuesto caso de acoso inmobiliario en Oviedo:

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Otra condena por acoso inmobiliario

  • El condenado alquiló su casa a un clan gitano para hacer la vida imposible a los vecinos

    P. Quiza

  • Tres cabecillas del clan también han sido condenados por daños, amenazas y robo

  • Los hechos se produjeron en un antiguo palacete del barrio de Neguri, en Getxo

 

 

 

Un juzgado de lo penal de Bilbao ha condenado a tres años y tres meses de cárcel a Juan José Rementería por acoso inmobiliario. Se trata de la segunda sentencia en España y primera en Euskadi que recoge este concepto.

La juez considera probado que alquiló una vivienda de su propiedad a un clan gitano por un euro al mes con el objetivo de hacer la vida imposible a sus vecinos y conseguir así que le vendieran sus propiedades.

La sentencia también prohíbe al empresario acercarse a menos de 200 metros de las víctimas y le impone una pena de destierro de cinco años del municipio de Getxo.

Los tres cabecillas del clan gitano inculpados —un matrimonio y su hijo— han sido también condenados a penas de entre tres y cuatro años y medio según su grado de implicación en los diferentes delitos que conllevó el mobbing inmobiliario: daños, amenazas, allanamiento de morada y robo.

A juicio del tribunal, “queda acreditada la existencia de múltiples e incesantes actos de hostigamiento que se repitieron a lo largo de 14 meses, ejecutados con el propósito de minar la voluntad de las víctimas y provocar su hundimiento moral, creando un sentimiento de miedo, inseguridad e impotencia, todo ello en ejecución de un plan torticero que tenía como fin último bien que los vecinos vendieran su vivienda o que ejecutaran las obras que pretendía el inculpado, pero en cualquier caso doblegar su voluntad”.

 

La cuantía de las penas impuestas implicaría el ingreso en prisión de los principales acusados, que actuaron en un antiguo palacete del acomodado barrio de Neguri, en Getxo.

Durante la vista oral del juicio, Rementería aseguró al tribunal que cedió su vivienda de unos 400 metros cuadrados al clan gitano por la “pena” que le producía ver a los niños en la calle.

Dos miembros de la familia afectada —la madre y su hijo adolescente— requirieron tratamiento médico para superar la ansiedad que les produjo el acoso continuado durante 14 meses, que incluyó fiestas de madrugada, insultos, inundaciones de aguas fecales intencionadas y la acumulación de kilos de basura y otros desperdicios en el jardín.

 

 

Fuente: MIGUEL M. ARIZTEGI elmundo.es

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Prision por hacer mobbing inmobiliario a sus inquilinos

Una sentencia ha castigado en Barcelona con penas de cárcel a dos propietarios de un piso por acoso inmobiliario a sus inquilinos. Según esta resolución, durante tres meses soportaron que les cortaran repetidamente la luz y el agua e incluso que les sellaran con silicona la puerta de su casa.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, el juzgado de lo penal número 13 de Barcelona condena por coacciones a penas de un año de prisión cada uno a los hermanos Alfonso y Pere Janer. Además, deberán indemnizar con 3.300 euros a la pareja de inquilinos por las “molestias” que sufrieron durante los meses en que fueron víctimas de ‘mobbing’.

Los condenados son dueños de una planta baja en la calle Servet


Los condenados son propietarios de una planta baja situada en la calle Servet de Barcelona, que en noviembre de 2003 tenían arrendada por 600 euros a una sobrina suya que la compartía con la pareja de denunciantes. Con estos, habían acordado que podían seguir en la casa si ella la dejaba porque el contrato duraba cinco años.

En abril de 2004, al quedarse embarazada, la sobrina de los dueños dejó el piso de la calle Servet, pero sus dos compañeros siguieron viviendo en ella y pagando las mensualidades correspondientes a los propietarios que, a finales de año, les propusieron subir el alquiler. Al negarse a aceptar el nuevo precio, en marzo de 2005 los dueños del piso dejaron de cobrar el importe a los inquilinos, que desde entonces estuvieron consignando los pagos a través del juzgado.

A lo largo de tres meses, los procesados dieron de baja el piso de agua y suministro eléctrico y, para impedir que los inquilinos volvieran a contratar los servicios, arrancaron hasta en tres ocasiones la instalación eléctrica nueva para dejarles sin luz y cerraron el acceso a la llave de paso colocando unos candados en la puerta de los contadores.

Forzaron la cerradura de la puerta de la vivienda arrendada por 600 euros al mes


El 27 de octubre de 2005, mantiene la sentencia, los procesados forzaron la cerradura de la puerta de la vivienda de los inquilinos, que después obstruyeron con pegamento, y sellaron con silicona de obra el armario de los contadores de agua, arrancando el contador y la tubería que garantizaba el suministro.

A consecuencia de ese acoso inmobiliario, añade el juzgado, los inquilinos sufrieron “graves trastornos de higiene y salubridad” al verse obligados a buscar agua en una fuente, a alumbrarse con velas y pequeñas bombonas de gas y a adquirir víveres a diario por la imposibilidad de disponer de un frigorífico.

Por ese motivo, las víctimas del acoso se vieron obligadas a abandonar el domicilio en noviembre del año 2005, al resultarles “insostenible económica y emocionalmente” seguir en su vivienda, “un bien de primera necesidad y el soporte físico más inmediato del desarrollo de la personalidad y la dignidad”, según el fallo.

Hasta ahora los casos de acoso se han saldado en condenas civiles o, en todo caso, en faltas de coacciones


En opinión del juez, es irrelevante si los acusados tenían derecho a exigir que los denunciantes abandonaran el piso porque deberían haberlo hecho a través del oportuno proceso judicial, y no cabe duda de la gravedad de los hechos, dada su “reiteración e insistencia”. Esta sentencia es pionera en Cataluña, dado que hasta ahora los casos de acoso inmobiliario se han saldado en condenas civiles o, en todo caso, en faltas de coacciones, mientras que ésta reconoce que el ‘mobbing’ puede constituir delito.

El caso se sale también de lo común por tratarse de una pareja de jóvenes -tenían 28 años cuando sucedieron los hechos- que han conseguido una condena por acoso inmobiliario por un piso alquilado con la actual Ley de Arrendamientos Urbanos.

 

Efe

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